El impacto de la crisis del coronavirus en el sector de la construcción pública

Medidas de mitigación de la COVID-19 en el sector construcción a nivel internacional. ¿Cómo afecta la COVID-19 a la construcción de vivienda? El acceso a vivienda de calidad y como consecuencia la alta tasa de vivienda informal es uno de los principales retos que enfrentan las ciudades de América Latina y el Caribe. Un estudio del BID estima que, en América Latina, más de 5 millones de familias dependen de otras familias para acceder a una vivienda, más tres millones viven en viviendas precarias y por lo menos 34 millones de familias no cuentan con acceso a infraestructura de servicios básicos.

La crisis del COVID-19 ha evidenciado la alta vulnerabilidad que los hogares informales enfrentan al contar con condiciones precarias como hacinamiento y falta de acceso a servicios de agua y saneamiento. Esto está demostrando la importancia de invertir en infraestructura de vivienda que atienda a las poblaciones vulnerables, así como mecanismos y reformas que contribuyan a reducir los déficits de vivienda.

La paralización de la industria de construcción por el COVID-19 se ve reflejado en altos niveles de desempleo. El sector construcción en América Latina y el Caribe representa una parte importante del gasto en inversión pública y una fuente significativa de empleos. En promedio, los países latinoamericanos invierten el 28% del gasto total en infraestructura pública de transporte, incluye transporte terrestre, ferroviario, aéreo y otros; y el 19.7% en construcción de viviendas y de servicios comunitarios como redes de suministro público de agua y alumbrado eléctrico. Según la OIT, en América Latina y el Caribe, al 2018 el sector construcción empleó directamente al 7.5% de la PEA.

Además, la inversión en construcción tiene un efecto multiplicador en la economía, generando empleo indirecto y dinamiza otras industrias que forman parte de la cadena de producción. Así mismo, este sector emplea una alta proporción de la población no calificada y vulnerable socioeconómicamente que depende de los ingresos diarios, afectando a poblaciones que no cuentan con un “colchón económico” que les permita mantenerse por un tiempo prolongado.

Permitir que las empresas de construcción que se encontraban realizando obras públicas quiebren, implica altos costos para reanudar las obras y mayores retrasos en su culminación. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile estima que contratar a una empresa nueva para retomar la construcción de una obra que se encuentra en un 60% de avance implica un costo mucho mayor que cubrir el 40% faltante de la obra. Esto podría resultar en la incapacidad de los gobiernos en completar las obras a mediano plazo.